El 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas legales respaldadas por el presidente Daniel Noboa. Con 84 votos a favor, la nueva legislación declara un “conflicto armado interno” contra las bandas delictivas, otorga poderes para incautar bienes vinculados al crimen y establece penas de hasta 30 años por colaboración con grupos criminales. Además, permite perdonar a policías y militares implicados en operativos bajo investigación

 
								 
															





 
															