A solo 10 días de su entrada en vigencia, la Ley de Solidaridad Nacional ha sido cuestionada ante la Corte Constitucional por dos actores políticos, quienes advierten que vulnera principios constitucionales y derechos humanos.
La Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa como un proyecto económico urgente, fue publicada el 10 de junio de 2025 en el Registro Oficial. Sin embargo, rápidamente ha generado controversia en diversos sectores.
Unidad Popular presenta segunda demanda
El 20 de junio, la organización política Unidad Popular, a través de su director nacional Geovanni Atarihuana, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Según el dirigente, la norma establece mecanismos autoritarios bajo el argumento de enfrentar a la delincuencia.
“Se pretende concentrar el poder en el Ejecutivo, violando garantías fundamentales y convenios internacionales de derechos humanos”, denunció Atarihuana.
La demanda también señala que la ley habilitaría detenciones arbitrarias, represión a líderes sociales y una posible militarización del país.
Primera demanda se presentó el 13 de junio
Días antes, el abogado Gabriel Salvador interpuso la primera demanda contra esta normativa. Alegó que su contenido no respeta la supremacía constitucional ni el principio de unidad de materia exigido por la ley ecuatoriana.
Salvador también cuestiona aspectos como el indulto presidencial preventivo y las reformas tributarias incluidas, que según su criterio benefician a sectores específicos y no cumplen con la progresividad tributaria.
Aspectos clave de la Ley
La Ley de Solidaridad Nacional establece:
- Incentivos económicos vía decreto presidencial para ciertos sectores sociales.
- Beneficios tributarios para empresas que colaboren con el equipamiento de Policía y FF.AA.
- Indultos preventivos a militares y policías.
- Reformas penales orientadas a enfrentar el crimen organizado.
